Ricardo Zengin es director de CPA Innovation, firma del Grupo Ferrere dedicada a la prestación de servicios de alto valor añadido en tecnologías y sistemas de información en áreas de consultoría, desarrollo, soporte técnico e implementación y formación. El experto reconoce un interés creciente en el mercado por apostar a una innovación que ya se transformó en "imperativa".

¿Cómo ve la situación de Uruguay en materia de innovación a nivel corporativo?

En Uruguay la Innovación tanto a nivel de Estado como de empresa se está en una etapa incipiente aún. Las iniciativas que se realizan están más orientadas a buscar los primeros impactos, relacionados con la motivación e involucramiento del personal. No es común la promoción de la innovación desde una visión orientada a resultados. Para entender esa necesidad de diferenciación continua hace falta que las empresas uruguayas vean al mundo entero como su potencial mercado y por tanto su competencia puede ser cualquier empresa, y en ese marco tener capacidad de innovación no es una alternativa posible sino un imperativo de mercado.

 

¿Qué responsabilidad tiene el Estado? ¿Y el sector privado?

Los incentivos pueden ser fiscales, financieros, de asesoramiento, infraestructura, regulaciones demás puntos clave para que las empresas decidan incorporar a la innovación como un proceso más. En la actualidad los apoyos están orientados a iniciativas productivas o proyectos que generen un beneficio en un plazo menor a 1 o 2 años. Esto genera limitaciones a la hora de innovar, porque los procesos de innovación son altamente riesgosos, en los que lo más común es el fracaso y/o la iteración hasta que se da con la idea o implementación exitosa. 

Además la mayoría de las herramientas están pensadas para PYMES y generalmente Start-ups, fomentando el emprededurismo, algo muy positivo para el país; pero no hay un ámbito claro para que las medianas y grandes empresas ya establecidas pueden acceder a apoyos para innovar.

 

El Estado tiene un papel fundamental en la promoción y sustentabilidad de las iniciativas de innovación que las empresas puedan llevar adelante y en las que el propio Estado implemente. Esto es especialmente importante en aquellas políticas que favorezcan e incentiven actividades de innovación en las empresas, como para aquellas empresas que son proveedores del Estados, a las que las políticas de innovación gubernamentales inevitablemente le generan un efecto derrame.

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